Reforma de la Democracia
REFORMA DE LA DEMOCRACIA, DILEMA DE LA DEMCRACIA CONSTITUCIONAL EN LA DIVISIÓN DE PODERES
El Estado constitucional surgido en el siglo XVIII nació con dos finalidades muy concretas: dividir al poder público y garantizar los derechos del individuo; aspectos establecidos en el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789.
El Estado en dicha forma es la prolongación normativa de concebir el Estado nacional y el papel de cada ciudadano que lo conforma. A través del tiempo se fueron incorporando otros valores junto a la libertad como la ratificación de igualdad, la seguridad jurídica, los bienes tutelados por los derechos sociales, la dimensión democrática y la potencia del constitucionalismo.
En el presente siglo el Estado constitucional, a cargo de los poderes públicos, ha consolidado muy importantes tareas relacionadas con obras, servicios, leyes y ha tenido un importante avance en el sistema judicial; no obstante, el avance del Estado constitucional en la tutela de los derechos sigue siendo lineal y expansivo como en un tiempo lo sostuvieron algunos juristas del siglo pasado. Sin embargo, se registran marcados retrocesos en toda la regla, no solamente de carácter normativo, sino incluso en el terreno ideológico. Los riesgos de retroceso, las tensiones y las simulaciones cobran presencia importante.
Con un sistema democrático imperfecto, de escasa calidad, de localización de sectores ciudadanos muy favorecidos y en otros, apenas si atisaba un dejo de democracia, es causa de la desconfianza hacia sus representantes populares. El Estado constitucional no se tiene que enfrentar solamente a la baja calidad del sistema democrático, sino que reporta en su seno diversos dilemas que compete analizar en el seno de los tres Poderes.
Lo que llamamos democracia se ha convertido poco a poco en tres cofres, dispuestos para el enriquecimiento de integrantes de dichos poderes y de otros más fuera en el seno de la sociedad, incluidos los partidos políticos.
Son las simulaciones presentes en la vida pública de México y los dilemas que habrán de sortear en el trayecto de la vida nacional, si es que todavía queremos estar viviendo bajo el refugio blindado de un auténtico democrático Estado constitucional de derecho.
El actual dilema que enfrenta el sistema jurídico y político en una circunstancia de democracia amplia para los integrantes del Poder Judicial de la Federación, significa contemplar una diferencia sensible dentro de los propios servidores públicos de los otros Poderes y ciudadanos en general del derecho al trabajo y al monto de los ingresos en los que existen disparidades lamentablemente antidemocráticos, con el ejemplo más claro con los adscritos a dicho Poder, que ciertamente sería muy complicado para ellos justificar legalmente el salario igual para trabajo igual. Habría que pensar en una auditoría al desempeño.
La división de poderes, que más bien debería ser de atribuciones, reclama en el Poder Judicial y a señalamiento de sus integrantes una autonomía, que lejos de fortalecer el Pacto Federal lo debilita al sustraerse del control de los recursos asignados para sus funciones, toda vez que en su seno existe un gran déficit y rezago del sistema judicial en muchos aspectos. El renglón de las remuneraciones a ministros, magistrados y jueces absorbe un porcentaje muy elevado de su presupuesto y la concentración de asuntos en esa instancia es descomunal que bien podría subsanarse con el incremento de los propios altos dignatarios de ese Poder y desde luego del personal de auxilio a las elevadas cargas de juicios que atiende.
La democracia sufre así también un deterioro en su avance, pues se corre el riesgo de juicios sumarios de asuntos de suma importancia que son competencia del más alto tribunal de la República, los derechos humanos, laborales, electorales y políticos sufrirían un retroceso en la marcha constitucional.