Derechos humanos. La Corrupción crimen de lesa humanidad
La corrupción es el abuso del poder encomendado para beneficio personal, y existen diferentes niveles que tienen que ver con las posiciones y facultades de los entes decisorios que actúan en el Estado, perdiendo autonomía en las decisiones para un bien común, siendo estas cooptadas por intereses económicos, por la clase política y hasta por bandas criminales; teniendo como resultado una serie de ventajas personales para camarillas, grupos de la élite en el poder y miembros de los grupos de presión o de interés.
La corrupción no es una casuística que se le ubique en un espacio y tiempo determinado, es histórica y permanente. Las cifras estratosféricas que se advierten del dinero robado a través de la corrupción, sería suficiente para brindar ayuda humanitaria en países que requieren mitigar el hambre de cientos de millones de personas que la padecen, principalmente en aquellos en vías de desarrollo u atrasados.
Ante esto, se hace necesario un recuento para el caso de nuestro país en antecedentes parciales que motivan ampliar las fronteras del conocimiento sobre la corrupción y sus implicaciones en el bienestar de las personas, cuando no haya incluso que referirse a situaciones trágicas concretas por causas que tienen que ver con la corrupción abierta y descarnada.
En México, se realizaron dos reformas constitucionales en la última década que afrontan tanto los derechos humanos como la corrupción; la primera de ellas, se oficializó el 10 de junio del 2011 y se modificó y adicionó el capítulo I de la Carta Magna y con ello, se obliga a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos bajo los principios de universalidad, independencia, indivisibilidad, progresividad y cumplimiento irreversible.
La segunda se promulgó en mayo de 2015, creándose el Sistema Nacional Anticorrupción, con funciones sustantivas coordinadas universal y transversal en el mundo oficial y con alcances de transversalidad en el sector privado para prevenir, detectar y sancionar todo acto de corrupción.
Los organismos de derechos humanos en el país, asumieron compromisos con objetivos específicos de reducir la corrupción en todas sus formas; fundamentalmente en las que tienen que ver con la atención directa a los grupos sociales que requieren servicios de vital necesidad; de tal modo que aflore la identificación plena del vínculo teórico y empírico que entraña este problema y la dignidad humana.
Nuestro país es tristemente célebre por la posición 123 que ocupa en esta materia, esto de un total de 176 países analizados, justo en los últimos tres años en que se concretó el Sistema Nacional Anticorrupción.
En las entidades federativas destaca la corrupción policiaca, pero la que habremos de tratar es la referente al robo de los recursos públicos en sus diversas modalidades por la importancia que tiene que ver con lo pernicioso que trastoca la dignidad humana.
Las formas de corrupción como son la captura o cooptación estatal, tráfico de influencias, conflicto de intereses, negociaciones incompatibles, malversación de recursos, fraudes como especulación financiera con fondos públicos, nepotismo, enriquecimiento ilícito, entre muchas más, son múltiples expresiones actuantes de la corrupción que priva en el sector público en sus tres niveles junto con el privado.
La construcción de una estrategia anticorrupción deberá identificar claramente dónde, qué investigar, cómo y a quienes se quiere combatir. El daño patrimonial no únicamente tiene que ver con los montos y situaciones sino también a quienes se afecta. Existen graves daños a las políticas públicas y, más severas a la población que nunca recibió los recursos, pudiendo ser consideradas como “crímenes de lesa humanidad” por las víctimas y tragedias que se cobran y se escenifican por la delictuosa aplicación de los recursos públicos; fundamentalmente en aspectos de atención a la salud, educativos y subyacentes en el bienestar de los ciudadanos que pregonan con cifras alegres, tanto los que están en el ejercicio del gobierno como los que pretenden conquistar algún cargo público.
Cada derecho humano se encuentra integrado, a veces, por decenas de demandas que reclaman hasta cientos de obligaciones a cargo del Estado. Tal es el caso del derecho a la salud que implica obligaciones de respetar, proteger, garantizar y hacer efectivo el acceso a medicinas, médicos e infraestructura con criterios de acceso, aceptación plena, calidad y disponibilidad para toda la ciudadanía derechohabiente principalmente. Tal es la exigencia que ya, desde la antigüedad, era preocupación de reyes y emperadores por tener a los súbditos en el mejor estado de salud, incluso necesario para la salud política del propio Estado, ello denotaba una preocupación por buscar al ser amado por sus gobernados mediante esta atención pública.
La violación de los derechos humanos en diversos aspectos en México es, ante la vista de los connacionales y la comunidad internacional, una apreciación del Estado fallido que la proyecta los derechos humanos de la ciudadanía mexicana vulnerados por la alta corrupción existente en el país, principalmente en el sector público. La participación de la sociedad en la evaluación del impacto para determinar el estado que guarda la corrupción, es determinante para la sanación de un país que se encuentra en terapia intensiva por este cáncer.
Por otra parte, es claro que los derechos civiles están en un deterioro sobre todo en los estados del sur, donde más de las dos terceras partes de sus habitantes padecen serias condiciones de pobreza como resultado de la gestión de gobiernos corruptos, aunque ahora parece ser se extiende a los cuatro puntos cardinales del territorio nacional.
El derecho a la salud es uno de los que tienen el nivel más alto de corrupción. La mortalidad infantil, la desatención a los adultos mayores y la falta de atención adecuada a los altos volúmenes de población sin acceso servicios médicos, son signos dramáticos de la violación a los derechos humanos. A mayor corrupción de acuerdo a los índices del CONEVAL, de la ASF y la SFP, las recomendaciones de la CNDH muestra la gravedad de la actuación del sector gobierno en general.
Hay varias formas en que la corrupción puede desembocar en violaciones a los derechos humanos. La primera es la solicitud de sobornos en diversas situaciones sobre el ejercicio gubernamental; la segunda es el pago de sobornos para realizar acciones que debieran estar prohibidas, relativas estas a obras públicas; la tercera, genera violaciones a los derechos humanos, es cuando por corrupción surgen consecuencias en la disminución de los recursos públicos que impiden la prestación adecuada y suficiente de los servicios públicos, ello por desvío o malversación de los mismos.
Finalmente, la cuarta relación entre la corrupción y la violación a los derechos humanos es cuando se distorsiona el estado que propicia el incumplimiento social de las obligaciones a cargo del estado en beneficio de los ciudadanos.
Por último, diremos que para conocer con mayor precisión los mecanismos causales a través de los cuales los actos de corrupción generan violaciones a los derechos humanos es relevante que la sociedad participe y tenga acceso al conocimiento en tiempo de los programas de gobierno. Esto implica generar capacidades metodológicas que permitan establecer hipótesis, preguntas y análisis de los casos concretos en que por corrupción se dan violaciones a los derechos humanos específicos en donde se relacione de forma clara y directa a la corrupción como mecanismo de violaciones a derechos humanos, la estrategia que se adopte en la lucha contra la corrupción debe de responder a las siguientes preguntas: ¿Qué tipo de violaciones a derechos humanos se busca evitar? ¿Cuál es el contexto en donde opera la relación entre la corrupción y los derechos humanos? Y ¿Qué tipo de corrupción se busca combatir?
Habiendo tomado cualesquiera de estas y otras previsiones, los casos de corrupción que se han dado en el pasado y que hoy conocemos con una dimensión que agrede con crímenes de lesa humanidad, son actos de la peor animalidad cometida por los gobernadores que robaron en forma descomunal los dineros públicos, encubriéndose en el peculado que “no es delito grave” enriqueciéndose de manera estúpida en detrimento de muchas vidas de connacionales.